Presidente del consejo general de la abogacía

Carlos Carnicer:«Los juicios rápidos necesitan una revisión inmediata porque hay mucha indefensión»

 

 

 

-¿Cree que se está haciendo un uso partidista de la Justicia?

-Sin duda, pero hay que aceptarlo. Cada partido tiene su modelo y quiere implantarlo. En democracia el supremo decisor es el ciudadano y con su voto dirá quién se aproxima a su ideal de Justicia.

-Pero hay quien tiene la impresión de que se gobierna para dejar mal al antecesor y no para el ciudadano...

-Eso es lo patológico. El uso de valores supremos de la democracia, como la Justicia, para hacer política general. Nos movemos dentro de la normalidad hasta que la Justicia se utiliza para fines ajenos a la Justicia.
 

 


-Diagnostíqueme la Justicia.

-Qué difícil... En principio, no hay duda de que es el gran estamento anticuado de nuestra democracia. Su renovación no es fácil, pero debe acometerse cuanto antes. Y no daremos pasos firmes hasta que no participemos todos. Los jueces solos no hacen Justicia. Y para tener una Justicia de calidad, necesitamos unos magníficos abogados, secretarios, fiscales, funcionarios, peritos judiciales... Todos tenemos que elevar el nivel y proveernos de los medios necesarios, no sólo materiales, sino también de formación. También es el momento de revisar nuestro modelo de Justicia, que arranca del siglo XIX. Y hay que ser imaginativos, empezar a vislumbrar otros medios de solución de conflictos como la mediación, el arbitraje, la conciliación... que son buenísimos pero están muy poco potenciados. Es necesaria una revisión general de nuestro sistema de Justicia, colaborar en la mejora y reducir los conflictos jurisdiccionales, pero no a costa de privar derechos a los ciudadanos ni de evitar el acceso a los tribunales, sino de ofrecerles medios alternativos.

-¿Cuál podría ser la gran contribución de la Abogacía?

-La gran contribución de la Abogacía a la Justicia está siendo ya, pero puede ser muchísimo mayor. En el orden social, la Abogacía en los últimos 15 años ha sido el detector de los problemas más importantes. Repase y verá que son los colegios en 1990 los que detectan una preocupante aparición de violencia hacia las mujeres y crean servicios de asesoramiento jurídico. Lo mismo podemos decir en extranjería, menores y servicios penitenciarios. La Abogacía ha hecho, está haciendo y puede hacer muchísimo más. Si algún gobierno nos presta oído y apoyo para una mejor formación, podemos dar aún más. Estamos en un país en el que se ha dado poco apoyo y escasa trascendencia al abogado. Si la preparación de las tres patas del proceso (juez, fiscal y defensa) no es la misma, el resultado no puede ser bueno.
 


-¿Qué receptividad ha encontrado en este Gobierno?

-No sólo nos preocupa la formación inicial; también la continuada. Hay una sensibilización social hacia la formación de los jueces; todo el mundo demanda más formación para los jueces porque en sus manos depositamos nuestros derechos y libertades. Y yo digo: en manos de los abogados los depositamos antes. Y a veces sólo en manos de los abogados, porque estos solucionan en sus despachos muchísimos conflictos de forma amistosa. Y denuncio también lo que siempre me ha parecido una desvergüenza: el Estado exige a los abogados del Estado una preparación magnífica, superar una de las oposiciones más difíciles que existen y una formación práctica excelente. Sin embargo, al abogado del ciudadanos sólo le exige la licenciatura en Derecho. Eso, en democracia, es una auténtica desvergüenza. Y le contesto a su pregunta. En principio, el PSOE llevaba en su programa la necesaria formación de abogados y procuradores de los Tribunales y el establecimiento de una necesaria formación para el acceso a la profesión. El ministro nos ha prometido que en esta legislatura se aprobarán normas de formación. Yo ya le he transmitido que si no tramita la ley en el primer tercio de la legislatura, no podemos creernos que este proyecto vaya a ser una realidad. Ni el Gobierno ni nosotros, porque así nos lo demuestra la experiencia.

-¿Son los juicios rápidos un buen «tratamiento» para la Justicia?

-El tremendo esfuerzo que están haciendo abogados, policía judicial, jueces y fiscales para que ruede esta nueva ley no se corresponde en absoluto con los resultados. Todos los días tenemos quejas. Hace poco los abogados de Lérida se quejaban de una de las cosas que más nos afectan: hay muchísimos jueces que no nos entregan los atestados de la Policía para ejercer la defensa, lo que produce verdaderas indefensiones. Lo primero que hay que imputar a los juicios rápidos es que el propio sistema y una deficiente regulación están mermando las garantías de los ciudadanos. No entregar el atestado al defensor perjudica el derecho de defensa. Al fiscal se le entrega, pero muchísimos jueces se niegan a entregarlo al abogado porque no lo impone la ley. Por resumir: los juicios rápidos han conseguido rebajar el número de asuntos en los juzgados penales pero han significado, en primer lugar, una merma de garantías al ciudadano, que en algunos casos llega a indefensión; en segundo lugar, la mayor parte de los juicios que se resuelven es por acuerdo entre las partes y en delitos y faltas de escasa entidad que podrían resolverse de otra forma; y, en tercer lugar, por qué no decirlo, el esfuerzo que exigen a policía, abogados, jueces y fiscales es absolutamente desproporcionado y en muchos casos produce un retraso considerable en otras causas. Todo eso hace necesaria una revisión inmediata del procedimiento por juicio rápido.


-¿Contribuirá a mejorar la Justicia entregar la instrucción al fiscal?

-Pues no lo sé. Sí sé que probablemente la acción será más de juez y magistrado de la que está llevando ahora. Siempre me ha parecido un poco desequilibrada la instrucción, que es absolutamente inquisitorial. Frente al presunto culpable están el juez de instrucción, el fiscal, la acusación particular e incluso la acción popular. Es decir, hasta cuatro agentes de acusación para un solo inculpado y su defensor. Sinceramente, sin estar ni a favor ni en contra, quisiera conocer un proyecto. Y, sobre todo, me gustaría saber cuál va a ser el papel del abogado. Lo que tengo son ganas de que se acabe de alguna forma esa idolatría hacia la figura del juez. Parece que cuando hablamos de Justicia sólo hablamos del juez y hay muchos más elementos, sin perjuicio ni demérito para los jueces. Sin duda son la figura central, pero hay otros actores que son tan importantes como él para administrar una buena justicia.

-¿Es constitucional la discriminación positiva en el ámbito penal?


-A mí me lo parece. Si en un momento social determinado una parte de la sociedad sufre amenazas o grave riesgo para su vida o integridad física y existe un vacío legal, la obligación del legislador es proteger esos bienes jurídicos. Bajo esa legitimidad que tienen las Cámaras, a la ley integral no le pondría ningún pero. Existe un legítimo derecho en las Cámaras a regular la protección de las mujeres específicamente, y de los niños y de los mayores, por ser el colectivo social que en ese momento está en grave riesgo. Ahora bien, si hablamos sólo de punición y no de otras medidas sociales, también creo que nuestro Código Penal permite una agravación de la pena en orden al abuso de poder que se podría haber apurado y aplicado en los casos de violencia doméstica. De todas formas, la Abogacía siempre ha sido más partidaria de las medidas preventivas.
 

Por su interés reproducimos la entrevista realizada a D. Carlos Carnicer en el diario ABC.