El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que España vulneró la legislación comunitaria al imponer una serie de condiciones ilegales a la fallida opa lanzada por la eléctrica alemana E.ON sobre Endesa. Los jueces europeos, contra cuya sentencia no cabe recurso, no evalúan si las medidas controvertidas estaban justificadas por el objetivo de garantizar la seguridad energética nacional, como argumenta España, y recalcan que un Estado miembro no puede defenderse de un recurso por incumplimiento aduciendo la ilegalidad de la decisión.

Ver texto íntegro de la sentencia en la web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.


El Tribunal de Justicia estima que, por razones derivadas de la observancia del principio de seguridad jurídica, no cabe admitir que la protección contra el despido establecida por la Directiva relativa a la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada se extienda a una trabajadora cuando, en el momento en que se le comunica su despido, aún no ha tenido lugar la transferencia de los óvulos fecundados in vitro a su útero. Sin embargo, señala el mismo Tribunal que las intervenciones como la reproducción asistida sólo afectan directamente a las mujeres, por consiguiente, el despido de una trabajadora debido esencialmente a que ésta se somete a una punción folicular y a la transferencia a su útero de óvulos fecundados constituye una discriminación directa basada en el sexo.

Ver texto íntegro de la sentencia en la web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

El Tribunal Constitucional ha revocado la condena de tres años y cuatro meses de cárcel contra Alberto Cortina y Alberto Alcocer 'Los Albertos' por el 'caso Urbanor'. El Constitucional concluye que su doctrina ‘ha entendido que la simple interposición de una denuncia o querella es una solicitud de iniciación del procedimiento y no un procedimiento ya iniciado’, por tanto, no se entiende interrumpido el cómputo del plazo de la prescripción de los delitos de estafa y falsedad documental.

Ver texto íntegro de la sentencia en la web del Tribunal Constitucional.


El Alto Tribunal considera expresamente que, si los medios de las asociaciones de consumidores y usuarios no son suficientes para hacer frente a un volumen de reclamaciones simultáneo tan elevado como el que se estaba produciendo, “es lógica la opción de que los fondos públicos, siempre limitados, se destinen a aquellas organizaciones que, por ser las más representativas a nivel nacional, habían de ser receptoras de un número significativamente mayor de solicitudes de asesoramiento”. La sentencia ha confirmado la legalidad de la actuación de la Administración pública de regular la concesión de ayudas de 700.000 euros a las asociaciones más representativas, es decir, las integradas en el Consejo de Consumidores y Usuarios, para asesoramiento y apoyo a los afectados.

Ver texto íntegro de la sentencia en la web del Tribunal Supremo.